Un fallo catalogado como histórico por líderes mapuches emitió el pasado 28 de abril la Contraloría General de la República, al facultar que las municipalidades puedan izar la bandera mapuche en sus reparticiones. De esta forma el organismo fiscalizador zanjó la polémica generada en 2009, cuando el alcalde de la comuna de Villarrica, Pablo Astete, rechazó la solicitud del Consejo Mapuche Mallolafquén para izar la bandera mapuche junto con el emblema chileno, el día en que comenzó a regir el Convenio 169 de la OIT.
El documento explica que “la municipalidad de Villarrica está facultada para autorizar el izamiento de la bandera o escudo del pueblo mapuche, junto a la bandera nacional, en las reparticiones municipales de su dependencia” y precisa que es “en el entendido que cumpla la exigencia de satisfacer una expresión cultural, educativa o artística”. La resolución tiene jurisprudencia nacional y puede ser solicitada por los nueve pueblos originarios reconocidos en la Ley Indígena, según explicó el contralor de La Araucanía, Hernán Hernández.
La Contraloría fundó su resolución en la autonomía municipal para establecer ordenanzas de participación de la comunidad local, en la Ley Indígena que promueve el fomento y desarrollo de los indígenas y en el Convenio 169, que protege a los pueblos originarios. “En ese contexto, el artículo 5, letra a), del mismo instrumento, precisa que al aplicar las disposiciones de ese convenio deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente”, subraya el dictamen.
El edil Astete, quien solicitó el pronunciamiento, anticipó su voluntad de izar el pabellón mapuche en el frontis municipal. “El problema ahora es saber cuál es la bandera mapuche más representativa”, señaló Astete, interrogante que zanjó de inmediato el dirigente mapuche Marcial Colín, quien realizó la petición al municipio el año 2009. Colín, además de calificar de “espectacular” el dictamen, precisó que la bandera mapuche es aquella diseñada el año 1991 por el Consejo de Todas las Tierras y que han asumido gran parte de las organizaciones y comunidades, ello tanto en Chile como en la República Argentina.
Precisamente esta última organización, tras conocer el fallo, anunció la reactivación de una demanda presentada hace más de una década en contra del Estado Chileno, ello tras ser el año 1992 encarcelados 144 de sus miembros por su participación en movilizaciones. La justicia de la época los condenó por usurpación de tierras, “y por izar una bandera que no era la chilena”, recordó Aucan Huilcamán, líder del Consejo de Todas las Tierras y por entonces el principal promotor de dicho emblema. La reactivación de la acción legal se ampararía en el reconocimiento otorgado por Contraloría de la existencia de la bandera mapuche y la facultad de los municipios de izarla en sus dependencias.
Fallo trascendente
Una de los referentes que ha asumido oficialmente dicho emblema ha sido el partido mapuche Wallmapuwen. Gustavo Quilaqueo, timonel de la colectividad, saludó la medida adoptada por la Contraloría, destacando la iniciativa de la Asociación Mallolafquén. “Nos parece un fallo de suma trascendencia y felicitamos a los hermanos de Villarrica que con su iniciativa propiciaron esta resolución”. A juicio de Quilaqueo, el dictamen abriría un abanico de posibilidades para demandar el uso del “principal emblema nacional mapuche”, ello en diferentes reparticiones públicas. “Además de los municipios se podría demandar su uso en los recintos educacionales”, agregó.
Para el dirigente, el fallo también sería trascendente para la sociedad chilena, “en términos que se da a los no mapuches la oportunidad de conocer y valorar nuestros propios emblemas, lo que debiera redundar en una sociedad regional menos discriminadora y más democrática”. Quilaqueo hizo un ferviente llamado a replicar lo obrado por las comunidades de la zona lacustre. “Esperamos que lo acontecido en Villarrica sea una acción a imitar por otras comunidades y organizaciones de nuestro pueblo. Reivindicar nuestros símbolos de identidad también es hacer ejercicio de nuestros derechos colectivos”, precisó.
Por su parte, el Senador del MAS, Alejandro Navarro, calificó el dictamen como “una victoria de la diversidad de los pueblos”. A juicio del legislador, significa “promover y respetar la integridad de las culturas, estipulado tanto en la Ley Indígena, así como también en el Convenio 169 de la OIT: que establece que el Estado debe aplicar sus normas respetando los valores y tradiciones de los pueblos. Por lo que junto con ratificar el levantamiento de estos símbolos, Chile cumple con los compromisos asumidos internacionalmente y con la propia normativa local”.
Navarro comentó que “hay quienes ven en este gesto de reparación, de respeto de la integridad de los pueblos indígenas, como un atentado a la unidad nacional. Pero el excesivo nacionalismo de algunos le hace daño al país, pues excluye a los diferentes. La existencia de banderas indígenas junto con nuestro emblema patrio, no niega ni ofende a la bandera chilena, tal como no niega ni ofende las banderas que representan a cada región; lo que hacen es acompañarlas y mostrar la diversidad de Chile”, subrayó.
Quien se mostró completamente contrario a la medida fue el historiador chileno Sergio Villalobos. “Me parece una cosa indignante y una barbaridad histórica, desde el punto de vista jurídico no sé bien cuál es la situación. Pero desde la perspectiva histórica me parece una barbaridad”, afirmó ayer el Premio Nacional de Historia respecto del dictamen. “Chile es un Estado unitario, republicano, democrático y representativo. Así lo dice la Constitución. Y que se estén introduciendo estas divisiones no me parece que está dentro de la tendencia histórica. Lo que cabe es que haya una sola ley, una sola determinación, una sola bandera”, sentenció.
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