La entrevista publicada en el diario argentino Clarín que gatilló la salida de Miguel Otero de la embajada en Argentina fue solicitada por él mismo para desmentir un hecho publicado previamente en el mismo periódico: que como fiscal general de la Universidad de Chile, después del golpe de 1973, había liderado una razzia para expulsar a alumnos y académicos por sus ideas políticas. En esta columna, escrita antes de la renuncia del embajador, el abogado Álvaro Varela, entonces presidente del Centro de Alumnos de la Escuela de Derecho, revela -por primera vez- el rol de Otero en su expulsión y el mensaje que éste le envió: “Mientras yo exista, juro que Álvaro Varela no se titulará de abogado en Chile”. Aunque lo consiguió, Varela obtuvo finalmente su título en España y se convirtió en un abogado clave desde la Vicaría de la Solidaridad en la búsqueda de justicia para los abusos del régimen militar.
Ingresé a estudiar la carrera de Derecho en el año 1969 en la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, después de haber cursado la enseñanza escolar en The Grange School. Al momento del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, yo era estudiante del último año de la carrera y tenía el cargo de presidente del Centro de Alumnos, elegido por votación de todos los estudiantes, en mi condición de militante del MAPU. Los dos anteriores presidentes estudiantiles, Carlos Portales y Claudio Grossman, habían pertenecido igualmente al MAPU.
A la fecha del golpe militar sólo me faltaba rendir los exámenes finales de cuatro asignaturas para egresar. Además, me desempeñaba desde el año 1972 como alumno ayudante del Departamento de Derecho Público en la cátedra de Derecho Constitucional, cargo que había obtenido por concurso público.
El día del golpe militar yo tenía 22 años.
En esa misma época se desempeñaba como profesor de Derecho Procesal Miguel Otero; no fui alumno suyo ni lo conocí personalmente. Sí tuve muchas referencias de él en esa época por relatos de distintas compañeras de curso con quienes el profesor de Derecho Procesal se relacionaba de manera particular, de modo que ellas sí lo conocían muy bien. De ellas escuché que se trataba de un profesor extraordinariamente cercano, muy preocupado e interesado por los estudios de esas alumnas, de sólidos conocimientos de las normas del proceso, duro defensor del Estado de Derecho y de gran simpatía.
La Escuela de Derecho de la Universidad de Chile fue una de las primeras en reiniciar las actividades académicas una vez ocurrido el golpe -los primeros días de octubre de 1973- por lo que yo me reincorporé de inmediato con la finalidad de dar los exámenes y egresar, consciente de que vendrían tiempos muy difíciles. La represión ya se había desatado en todo el país, por la persecución a todos quienes habíamos apoyado el gobierno constitucional. Ya esos mismos aires soplaban en la universidad. De esta forma rendí y aprobé en pocos días los cuatro exámenes y obtuve la calidad de egresado de la Escuela de Derecho, lo que me fue certificado en el documento respectivo entregado por la secretaría de la facultad, con no pocas dificultades.
